- Disminución de recursos en los gobiernos descentralizados repercute en la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.
- Desde el inicio del confinamiento se reportaron 10 niñas y niños asesinados por personas de su grupo familiar, 110 víctimas de violencia sexual y 10 suicidios de adolescentes.
- La protección de niñas y niños es uno de los programas que mayor costo tiene, principalmente en zonas alejadas como la costa o la sierra, donde cada día existe más casos de violencia o pobreza. Luis Mario Barzallo – Ecuador.
El Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Ecuador, en el marco de la estrategia #NiñezPrimero, y en coordinación con la Iniciativa #TejiendoRedesInfancia, el Grupo Parlamentario de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la Asamblea Nacional Ecuador, la Universidad Indoamérica y Word Visión, realizó el webinar: “Respuestas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en Niñez y Adolescencia frente a la pandemia de COVID-19”.
En diálogo, los expositores abordaron sobre las dificultades que atraviesan los gobiernos descentralizados en la implementación de políticas de protección en favor de los derechos de la infancia; señalaron que debido a los efectos de la pandemia COVID-19 urge la planificación y asignación de presupuestos, por parte del gobierno central, para atender problemáticas específicas como la violencia y la pobreza.
Referente a este último, Rodolfo Mendoza, experto internacional en Políticas Públicas de Perú, explicó que la pobreza incide en la vulneración de los derechos de la niñez; por ello, instó a realizar un trabajo articulado en coordinación con los gobiernos regionales, organizaciones de sociedad civil y el sector privado para garantizar recursos que permitan crear planes de prevención. “Si no hay producción caen las demandas de trabajo, se afecta el ingreso en las familias, se incrementa el trabajo de niños, el trabajo no remunerado de las mujeres, la violencia y se reducen recursos para educación, salud, protección social y vivienda”.
Luis Mario Barzallo, representante de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, agregó que la ausencia de políticas públicas y presupuesto digno influyen en la garantía los derechos de la niñez y adolescencia. “Los recursos que reciben los municipios cubren el gasto corriente y proyectos de inversión, pero la protección de niñas y niños es uno de los programas que mayor costo tiene, principalmente en zonas alejadas como la costa o la sierra, donde cada día existe más casos de violencia o pobreza”.
Sobre ello, Verónica Moya, Secretaria Ejecutiva del Consejo de protección de Derechos del distrito metropolitano de Quito, explicó que desde el inicio del confinamiento por la pandemia, 10 niñas y niños fueron asesinados por personas de su grupo familiar, 110 fueron víctimas de violencia sexual y 10 optaron por quitarse la vida.
En ese sentido, Mónica Alemán, coordinadora del Grupo Parlamentario de los Derechos de la Mujer, señaló que Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben fortalecer sus sistemas nacionales descentralizados de protección de la niñez y adolescencia, del mismo modo apuntó que debido a la pandemia los GAD deben replantear la continuidad de programas sociales y reajustar sus presupuestos priorizando a los sectores vulnerables. “Urge que las autoridades locales tomen partida dentro de sus competencias y ejerzan su liderazgo en sus territorios, no deben olvidar a aquellos grupos de atención prioritaria, las familias en situación de pobreza; además de mujeres, niñas y niños que sufren violencia”.
Con relación al funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Marcela Mera, Técnica de inclusión de la ciudad de Ibarra, mencionó que es importante planificar acciones con base en diagnósticos o datos estadísticos para garantizar que los recursos sean utilizados de manera eficiente y beneficien a los sectores de mayor necesidad. “Los niñas, niños y adolescentes son las personas que menos se visibilizan en en la inversión social, por eso, la poca inversión que tengamos dentro de los presupuestos participativos se deben reinvertir en base a los diagnósticos”.
Sobre este punto, Vicente Torrez, Secretario Ejecutivo del Consejo de Derechos de Guayaquil y Freddy López, Docente de la Universidad Docente Indoamérica, subrayaron la necesidad de crear mecanismos de regulación y monitoreo para los programas sociales relacionados con los derechos de la niñez y adolescencia, como crear un comité permanente de elaboración de políticas públicas para situaciones de emergencia que prioricen los derechos de la niñez y adolescencia.
De igual manera, Nicky Bravo, representante del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Ecuador, añadió que desde sociedad civil es importante trabajar en la implementación de un sistema especializado y descentralizado para la atención de las niñas, niños y adolescentes. “Las decisiones deben ir en base a la realidad, pero lamentablemente la mayoría de los organismos locales, juntas o consejos de protección, no cuentan con equipo especializado, incluso la asignación presupuestaria es peleada”, enfatizó Bravo.
Finalmente, Diana, adolescente integrante del Consejo Consultivo de Niñez de la Provincia Imbadura en Ecuador, reflexionó sobre la necesidad de priorizar los temas de niñez y adolescencia; por ello pidió al Estado ecuatoriano, más asignación de presupuestos para garantizar el acceso a la educación o salud. “El trabajo colaborativo empieza desde que la autoridades nos tratan como sujetos de derechos, necesitamos una vida digna, tener leyes que nos amparen y presupuesto específico”, agregó.
El video está disponible en HD, solicítalo directamente.
Contacto de prensa: Verónica Morales, Oficial Regional de Comunicación/ [email protected]
Acerca de:
#NiñezPrimero es una estrategia brinda orientación para la atención de la niñez y adolescencia en situaciones de emergencia.
#TejiendoRedesInfancia, es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea que busca contribuir al fortalecimiento y consolidación de una plataforma de defensa de la niñez y adolescencia en 19 países de América Latina y el Caribe. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Derechos Infancia México A.C. / #TejiendoRedesInfancia y en ningún caso debe considerar que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.