- Convención sobre los Derechos del Niño establece que las autoridades deben garantizar la integridad física y emocional de las y los adolescentes infractores de la ley.
- Colombia: adolescentes privados de libertad carecen de servicios básicos, atención en salud, educación y viven en condiciones de hacinamiento.
- Sugieren implementar otro tipo de sanciones que no conlleven privación de libertad y promuevan la participación de los adolescentes.
Ante la vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia en el contexto de la pandemia COVID-19, la coalición Alianza por la Niñez Colombiana, en coordinación con la iniciativa #TejiendoRedesInfancia en América Latina y el Caribe; como parte de la estrategia #NiñezPrimero, realizó el diálogo: ¿Cómo enfrentar la situación de los adolescentes en conflicto con la ley en la pandemia?
En sesión los expositores hablaron sobre el enfoque legislativo del sistema de responsabilidad penal adolescente, la situación actual de las y los adolescentes en conflicto con la ley, las acciones que realizan las organizaciones de sociedad civil y los retos que enfrenta el sistema de responsabilidad penal juvenil en el contexto de la pandemia COVID-19.
Al respecto, Juan Martín Pérez García, Coordinador de la Iniciativa #TejiendoRedesInfancia en América Latina y el Caribe, explicó que las y los adolescentes en conflicto con la ley, están expuestos sufrir otras violaciones en sus derechos; por ello enfatizó la necesidad de implementar un sistema especializado con un enfoque de derechos humanos, que aborde temas de género, cultura u otros. “El gran desafío es entender que a diferencia de las personas adultas, las niñas, niños y adolescentes requieren un acompañamiento profesional que les permita restituir derechos para que su vida o proyecto de futuro no sea afectado por la experiencia previa”.
Sobre ello, Miguel Cillero del Centro Iberoamericano de Derechos del Niños de Chile, explicó que la Convención sobre los Derechos del Niño, establece parámetros para que los estados construyan políticas nacionales de justicia penal juvenil, con un enfoque en derechos humanos, género, poblaciones vulnerables y particularidades de las niñas, niñas y adolescentes e hizo énfasis en los Artículo 37, donde señala que un niño, niña o adolescente infractor no debe ser sometido a torturas, recibir sentencias sin asistencia legal, ser juzgado y recluido como una persona adulta, ser privado de recibir visitas familiares, entre otros. [1]
Referente a la situación de las y los adolescentes en conflicto con la ley, Carlos un joven de Casa de Egreso en Medellín, explicó que algunos son sentenciados arbitrariamente porque no cuentan con ingresos para contratar un abogado, otros son juzgados por autoridades que desconocen los derechos de la niñez y adolescencia; asimismo, no existen programas de educación o formación para las y los internos, privándolos de sus derecho a la educación. “Necesitamos menos presupuesto para las guerras y más presupuesto para educación, menos presupuesto para las armas y más presupuesto para las instituciones que están apoyando a las y los adolescentes de este país y Latinoamérica”.
De igual manera, Manuel López, representante de la Fundación Hogares Claret, agregó que en algunos centros, las y los adolescentes infractores viven en hacinamiento, sin acceso a servicios básicos, sin atención en salud; incluso se ven obligados a permanecer más tiempo del que establece la sentencia porque las autoridades no realizan el seguimiento del caso o no existen programas de reinserción social. “Las grandes crisis demuestran como las consecuencias se dan en los sectores más desfavorecidos, como los adolescentes privados de libertad, que tempranamente tuvieron que conocer una situación de cárcel (…) estos muchachos necesitan acogida, amor, autoridad y pedagogía más que castigo y exclusión”.
Ante este contexto, Marisol Palacio de la Fundación Iberoamericana de Estudios en Investigación Social y Jurídica, señaló que en Colombia la ley establece la privación de libertad como el único mecanismo para sancionar a un adolescente infractor; por ello, según Palacio, es importante realizar reformas en la legislación, con el objetivo de implementar sanciones más flexibles que posibiliten la reinserción social con mayor prontitud.
Con relación a los desafíos para garantizar los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley, Ángela Floréz de Corporación Infancia y Desarrollo, subrayó la importancia de implementar procesos de sensibilización, promover espacios de formación para las y los adolescentes privados de libertad, generar espacios de articulación interinstitucional para brindar respuestas oportunas, garantizar el acceso a la educación y evitar la deserción a través de programas de formación y fortalecer los vínculos familiares.
Finalmente, Gloria Carvalho, representante de Alianza por la Niñez Colombiana, expresó que la pandemia COVID-19 agudizó la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes; por ello reflexionó a las autoridades, organizaciones de sociedad civil y sociedad en general sobre la importancia de garantizar los derechos de la niñez desde diferentes ámbitos y contextos; “la niñez y la juventud cuenta con cada uno de ustedes”, concluyó.
[1] UNICEF/Convención sobre los Derechos del Niño
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Acerca de:
#NiñezPrimero es una estrategia brinda orientación para la atención de la niñez y adolescencia en situaciones de emergencia.
#TejiendoRedesInfancia, es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea que busca contribuir al fortalecimiento y consolidación de una plataforma de defensa de la niñez y adolescencia en 19 países de América Latina y el Caribe. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Derechos Infancia México A.C. / #TejiendoRedesInfancia y en ningún caso debe considerar que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
Imagen: https://www.unicef.org/colombia