En México, la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales es un fenómeno estructural. Lejos de limitarse a casos aislados o aleatorios, esta forma de exclusión se manifiesta en acciones repetidas y generalizadas que —sobre la base de estereotipos— restringen los derechos de las personas. Prácticamente todas las instituciones facilitan (o favorecen) las diferencias de trato injustificadas: desde las familias, donde se excluye a hijos e hijas que no se ajustan a las expectativas sociales, hasta escuelas, centros laborales o el Estado, cuyas políticas tienden incluso a ignorar la diversidad. Esto se ha reproducido a lo largo de la historia por generaciones.
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